Lo sucedido en el estadio Monumental de Ate es un acto condenable que nos avergüenza como sociedad. Podría resumirse en el brutal asesinato de un aficionado de Alianza Lima por parte de desadaptados que suelen usar la camiseta de Universitario de Deportes para perpetrar fechorías de todo calibre. Pero, lamentablemente, es eso y más.
No es la primera vez que debemos rehuir los arrebatos violentos de barras bravas en ese recinto deportivo, en el de Matute y en otros, cuyos miembros acuden en estado etílico o bajo los efectos de estupefacientes para agredir, robar e insultar a otros aficionados y no para disfrutar un partido de fútbol como debería ser la idea de un principio.
Lo del pasado sábado 24, sin embargo, se rebalsó todo límite. El exceso se convirtió en crimen; y el ataque de adrenalina, en vil premeditación homicida. Los sujetos que mataron al estudiante Walter Oyarce, pertenezcan o no a una barra brava, no solo utilizaron el estadio como un campo de batalla, sino que actuaron concertadamente para primero ocupar y luego invadir los llamados palcos suites con la finalidad de atacar a los hinchas aliancistas.
Demandar que actos similares no se repitan es insuficiente. Lo que se exige es justicia, investigación profunda y sanción ejemplar para los culpables del asesinato. De otra manera, si prevalece la impunidad, esta historia de sangre volverá a los estadios. Hay varios asuntos por resolver, como quién permitió el acceso de estos delincuentes a los palcos, que tienen unos dueños reconocibles. ¿Eran dueños de un ambiente o les fue ‘alquilado’ por su propietario?
Referente a los dirigentes y clubes, su culposa inacción los ha llevado a ponerse de perfil, al margen totalmente de la violencia deportiva. En este caso, no hubo previsión pese a las amenazas explícitas de ciertas barras de que no permitirían discursos aliancistas en “su estadio”. También deberán responder ante el Congreso por qué no cumplieron con empadronar a los barristas, como se acordó en octubre del 2009 (después de que Rony Ramos Pérez, más conocido como “Bolón”, lanzó por la puerta de una coaster a Paola Vargas y le causó la muerte).
La PNP afirma que cauteló el orden externo y el ingreso y salida de los hinchas el día del partido. Nada se hizo respecto a los palcos donde se ingresan con anticipación bebidas alcohólicas bajo el mandato de que “son privados”. ¿Se puede permitir el consumo de alcohol, sea en palcos o tribunas, en un clásico U-Alianza? Si los propietarios de esos palcos defienden su privacidad, ¿también deberían asumir su seguridad? Se ha informado que en este partido había 20 policías en la zona de los palcos que, al parecer, estaban en su día franco trabajando para una empresa particular.
El Ejecutivo ha anunciado que no se otorgarán permisos para partidos si los estadios no pasan la evaluación de Indeci y si no disponen de licencia de funcionamiento. La Municipalidad de Ate tendrá que explicar por qué el Monumental no está saneado legalmente, por qué funciona sin licencia desde el 2000.
Resulta claro que el principio de autoridad está en crisis, que la PNP puede ser avasallada por una turba al punto de obligarla a liberar a los asesinos. Que el fútbol no es sinónimo de violencia y está llegando a límites intolerables, como lamentó el jefe del IPD, Francisco Boza. Pero la situación exige medidas radicales, como clausurar el Monumental hasta que ofrezca seguridad. O que los clubes den el ejemplo a los hinchas y a las barras violentas y acuerden que los clásicos se jugarán a puerta cerrada, si su realización no ofrece seguridad a nadie.
0 comentarios:
Publicar un comentario